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Mª Magdalena Riera Frau, arqueóloga municipal de Palma incumple el estatuto básico del empleado público

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La Fundación Círculo Balear (FNCB) denuncia que la arqueóloga municipal de Palma, Mª Magdalena Riera Frau, incumple los principios de imparcialidad, neutralidad y objetividad que exige el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), por lo que el ayuntamiento debería abrir expediente disciplinario para analizar el trabajo de dicha funcionaria.

El único funcionario público del ayuntamiento de Palma favorable al derribo del monumento de Sa Feixina, la arqueóloga municipal Mª Magdalena Riera Frau, es una activista republicana contraria al monumento al crucero Baleares y colaboradora de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca (única entidad que aparece en el acuerdo como favorable a la demolición) como demuestra su perfil en la red social facebook con constantes mensajes en contra del monumento, sus colaboraciones con dicha entidad y vivas a la II República (ver galería Facebook). También se presentó en las últimas elecciones municipales por el PSOE en la localidad mallorquina de Manacor: http://psib-psoe.org/index.php/component/content/article/64-noticiesmallorca/4045-2015-04-21-14-18-25

El presidente de la FNCB, Jorge Campos, recuerda que "los funcionarios públicos pueden expresar libremente sus opiniones y militancia política fuera de su horario laboral y siempre que no afecten a sus decisiones en el ejercicio de sus funciones. Pero es evidente que no es el caso de la arqueóloga municipal. Sólo así se entiende que sea la única funcionaria que avala el acuerdo aprobado por el consistorio para el derribo del monumento argumentando sobre aspectos jurídicos que exceden de sus competencias y conocimientos arqueológicos como: "El mantenimiento de la polémica nos indica que, aún con la retirada de los símbolos, sigue manteniendo su carácter original. Su retirada definitiva no implica autorización especial."

La FNCB, ha iniciado los trámites judiciales oportunos contra el acuerdo aprobado por el consistorio que incluyen la posibilidad de presentar querellas contra los cargos políticos y funcionarios que hayan vulnerado, a sabiendas, la legalidad vigente.

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